Un proyecto de ley del diputado provincial, Pedro Ullúa (UCR-Sauce de Luna), propuso la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 26.892, mediante la cual se establecen las bases para la promoción, intervención institucional y la investigación y recopilación de experiencias sobre la convivencia así como sobre el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.
La iniciativa que también lleva las firmas de los diputados, Antonio Julián Rubio y Fuadi Sosa, determina como autoridad de aplicación de la norma, de ser aprobada, al ministerio de Educación, quien controlará y coordinará su implementación y cumplimiento.
FUNDAMENTOS Al fundamentar la iniciativa, el diputado Ullúa señaló que la misma "pretende lograr que la provincia de Entre Ríos adhiera a la norma nacional al considerar que la violencia escolar "es una tendencia que crece en el país".
El legislador recordó que "el ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal, deberá establecer reglas para prevenir la conflictividad en las escuelas, entre ellas el bullying. De esta manera, se busca fomentar la creación de equipos especializados y también se fija sanciones para los alumnos", indicó.
Y agregó: "En cuanto a las sanciones, el texto apunta que deben ser educativas, graduales y progresivas. Y si como medida extrema se expulsa al alumno, las autoridades de la escuela tienen que buscarle otro establecimiento donde estudiar, porque debe quedar garantizado “el derecho a la educación”. Así el art. 7 prohibe las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los educandos en el sistema educativo".
OTRAS CONSIDERACIONES "Asimismo, la ley considera el contexto en el que tiene lugar la transgresión para evitar de esta manera estigmatizar a los alumnos involucrados. La norma apunta a explicar los comportamientos violentos como producto de la trama de relaciones que se dan en un contexto determinado, atendiéndose a los alumnos involucrados y encontrándose el motivo que subyace a la agresión. El artículo 5 prohíbe cualquier medida que atente contra la participación de docentes, estudiantes o sus familias en la vida educativa", remarcaron los legisladores de la UCR.
También la medida a la que se pretende adherir "dispone el fortalecimiento de las prácticas institucionales ante la conflictividad social en las instituciones educativas, debiendo el Ministerio de Educación promover junto con los equipos jurisdiccionales el desarrollo de estrategias y acciones para fortalecer a las instituciones educativas y los equipos docentes y de supervisión, promover el fortalecimiento de los equipos especializados de las jurisdicciones, elaborar una guía orientadora que establezca líneas de acción, criterios normativos y distribución de responsabilidades para los diferentes actores del sistema y las instituciones educativas de modo de prevenir y actuar ante situaciones de violencia producidas en el contexto escolar. crear una línea telefónica nacional gratuita para la atención de situaciones de violencia en las escuelas, promover junto con los equipos jurisdiccionales la articulación con la autoridad local y los servicios locales de protección integral de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, con vistas a garantizar la atención de la problemática en toda su magnitud y complejidad".
