viernes, 14 de junio de 2013

Media sanción a iniciativa en defensa del consumidor

El diputado provincial, Antonio Julián Rubio (UCR-Gualeguay), expresó su satisfacción por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, de  un proyecto de Ley tendiente a la protección de los derechos de los usuarios.
El legislador había presentado en abril pasado una iniciativa que propiciaba que las entidades financieras y los establecimientos comerciales garanticen que el tiempo de espera en caja, no supere el término de media hora y que toda persona que concurra al lugar dentro del horario establecido para la atención al público, sea efectivamente atendida, entre otros aspectos que contenía su propuesta.
La Cámara baja en su última sesión, dio aprobación a un texto que surgió del consenso entre el proyecto de Rubio y otro de similares características, de la diputada, Rosario Romero.
Al fundamentar su proyecto, el diputado Rubio, había considerado que las demoras o largas esperas constituyen un trato indigno y hay muchas formas de tratar de esa forma al usuario. Una de ellas es someterlos a trámites excesivos o a prolongados retrasos. Si los usuarios se transforman en rehenes de los proveedores, lógicamente estamos ante situaciones no equitativas, que los colocan en una posición de clara y manifiesta indefensión frente y ante los proveedores", dijo.
Y agregó: "Permitir que los proveedores impongan a los usuarios medidas de atención que impliquen retraer los derechos de estos últimos, aun porque generan pérdida de tiempo, implica sin dudas, una decisión que atenta contra la dignidad del sujeto usuario, quien es dueño de su tiempo, y tiene la libertad de disponer de él como le plazca. En este sentido se ha sostenido que el retraso del proveedor con cumplir sus obligaciones significa nada menos que la privación del derecho elemental del ser humano de decidir cómo y dónde ocupar su tiempo", remarcó.
Rubio expresó que es "pertinente la sanción definitiva de una norma específica que sancione al proveedor cuando hace incurrir al usuario en esperas innecesarias y excesivas, que implican una manipulación del tiempo de éstos y, consecuentemente, un trato indigno".

jueves, 6 de junio de 2013

COOPERATIVA DE AGUA POTABLE DE STROBEL: “Probablemente sea el hecho de corrupción más grande del Departamento Diamante” manifestó Rubén Fontana.

Rubén Fontana - Presidente de la Cooperativa de Agua Potable de Strobel.
La Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos de Strobel Limitada está al borde del colapso económico en caso de que la Justicia dictamine que debe pagar casi dos millones de pesos. 

Nota de la redacción: nota periodística aparecida el miércoles 29 de mayo en SENTIDO COMUN, basada en la entrevista lograda con el Presidente de la Cooperativa de Agua Potable de Strobel en FM PREMIUM en el programa EN LINEA DIRECTA el día viernes 24 de mayo. Luego de aparecida la información, AUTORIDADES del GOBIERNO PROVINCIAL expresaron en una FM local que el tema está prácticamente solucionado. Mientras tanto, creemos que la nota cumplió el objetivo.

Rubén Fontana - Presidente de la Cooperativa de Agua Potable de Strobel.

“Probablemente sea el hecho de corrupción más grande del Departamento Diamante” manifestó Rubén Fontana.

La Cooperativa de Agua Potable y otros servicios públicos de Strobel Limitada está al borde del colapso económico en caso de que la Justicia dictamine que debe pagar casi dos millones de pesos. La historia de la deuda que reclama el Estado entrerriano se inició con una estafa de la cual fue víctima la institución hoy demandada. A decir del Presidente de la cooperativa Rubén Fontana,“probablemente sea el hecho de corrupción más grande del Departamento Diamante” y fue por un total de 1.967.100 pesos/dólares (valor cambiario de la época).

La posibilidad de quiebra rige desde momento en que el proceso legal llevado adelante por la Fiscalía de Estado de Entre Ríos avanza firme en las causas iniciadas caratuladas “Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos c/ Cooperativa de Provisión de Agua Potable y otros Servicios s/ Ordinario” Expte. Nº3846, de trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº2, Secretaría nº2, de Paraná, y “Provincia de Entre Rios c/ Cooperativa de Agua Potable y otros Servicios Públicos de Ströbel Ltda. y otros s/ Ordinario”, Expte. Nº10294, de trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº8, Secretaría nº8 de Paraná. Dichos juicios los inició por el cobro de 200.000 pesos, por el préstamo que hiciera el ENHOSA y en el cual figuraba como garante a través de su coparticipación, por lo que sufrió un descuento de 260.463,87 pesos en 1996; y otra por la suma de 597.050,13 por irregularidades en la rendición de cuentas de las obras supuestamente realizadas.

La historia dice que…

La institución fue utilizada en la década del 90 por una banda mafiosa que aprovechándose de su posición en el manejo del establecimiento, realizó maniobras de desvío de dineros que tenían destino dentro de la construcción de la red cloacal. El delito fue denunciado y comprobado en juicio que tuvo condena de los implicados de apellidos Kranewitter, Martínez y Oliva. 

La pena más importante de tres años de prisión de ejecución condicional recayó sobre Kranevitter, (la abogada de la Cooperativa acusó a Kranevitter de ser el ideólogo del delito, ya que gestionaba las obras aprovechándose de su cargo y sus contactos) que fue declarado coautor del delito de Defraudación Especial en Perjuicio de la Administración Pública y Uso de Documento Falsificado en la modalidad de delito Continuado unidos entre sí bajo las reglas de Concurso ideal, ambos concursados Realmente con el ilícito de Tentativa de Estafa y Uso de Documento Falsificado. En tanto que Luis Martínez fue condenado a dos años y seis meses por coautor de Defraudación Especial en Perjuicio de la Administración Pública y Uso de Documento Falsificado en la modalidad de delito Continuado. Mientras que José Oliva fue penado con dos años por ser partícipe necesario del ilícito de Defraudación Especial en Perjuicio de la Administración Pública y Uso de Documento Falsificado en la modalidad de delito Continuado.

La sentencia puso fin una historia de corrupción que dejó al descubierto maniobras delictivas como la falsificación de facturas para poder justificar los gastos de los fondos que, entre el 15 de julio de 1993 y el 10 de octubre de 1999, recibió la Cooperativa. 

La cooperativa comenzó a recibir varios subsidios y aportes no reintegrables con el objetivo de construir la red cloacal en Strobel. La Cámara de Diputados otorgó subsidios por un total de 157.100 pesos; cinco aportes vinieron del Tesoro Nacional (ATN) por 575.000 pesos; también se recibieron fondos de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos que entregó 235.000 pesos; y el Ministerio de Economía otros 350.000. Entre 1996 y 1997, el gobierno provincial concedió dos subsidios por 250.000 pesos y un tercero en octubre de 1999 por 200.000 más. A ello hay que adicionar un préstamo otorgado por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA) por otros 200.000 pesos. El desfalco – que a decir del actual presidente de la cooperativa Rubén Fontana, “probablemente sea el hecho de corrupción más grande del Departamento Diamante” - fue por un total de 1.967.100 pesos/dólares (valor cambiario de la era Menem).

Hay un dicho que dice: “Lo prometido es deuda”

El gobernador Urribarri, en plena campaña para acceder a su primera gobernación, se reunió con la comisión de la Cooperativa de agua e interiorizado de la situación, se comprometió en aquella jornada proselitista del 2007 a realizar todo lo que esté a su alcance para poner fin a la situación comprometida de la asociación. “…en forma concreta cuándo él estaba haciendo campaña para su primera gobernación, tuvimos una reunión en la Municipalidad de Diamante y en ese momento dijo como promesa que si ganaba las elecciones se iba a ocupar de nuestro problema y lo iba a tratar de resolver” – nos explicaba el Presidente de la Cooperativa de Agua de Strobel.
Luego de mucho peregrinar y escuchar promesas, hace unas semanas atrás finalmente fueron recibidos por el Fiscal de Estado Dr. Julio Rodríguez Signes. Ese encuentro fue relevante para los cooperativistas que están confiados en que se resuelva la situación de una vez por todas. “…se abrió una puerta como para iniciar un trámite como para dar solución a éste problema para nosotros es una buena expectativa el hecho de haber sido recibido en casa de gobierno. Estamos en esa instancia, de espera de ver que resuelve la Fiscalía de Estado” –explicó Fontana.

El dirigente de la institución, destaca que fue el legislador Diamantino Jorge Monge con su proyecto solicitando a la Fiscalía de Estado, el desistimiento del proceso judicial, lo que seguramente facilitó la reunión. “…debemos remarcar que la primera iniciativa la toma el Diputado Jorge Monge y eso significó un disparador de la problemática”. “Nosotros tenemos copia del proyecto que fue ingresado en la Cámara de Diputados el pasado 5 de abril para tratarse en comisión para nosotros es una colaboración interesante, es muy positiva que aquellas promesas que se hicieron en campaña hoy tengan un eco favorable por lo menos en cuanto a ésta iniciativa de Monge”
Los concejales del radicalismo Diamantino han tenido contacto con la corporación y presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante, e inclusive hay una recolección de firmas para llevar a la legislatura en función del proyecto de Monge. El proyecto de comunicación del Bloque de Concejales del Frente Cívico y Social de Diamante, solicita el urgente tratamiento y aprobación del Proyecto de Ley N° 19777 ingresado en fecha 05/04/2013 por el diputado del bloque radical Jorge Daniel Monge.
Parte de los fundamentos del proyecto de ley del Diputado Monge quién se interesó por el caso de la cooperativa, sostiene también que: “Indudablemente, la Cooperativa ha sido una víctima del accionar inescrupuloso de quienes, actuando fuera del mandato conferido y violando todas las disposiciones societarias, solicitaron de la Provincia determinadas sumas de dinero para utilizarlo en provecho de terceros y en beneficio de determinados sectores políticos.” Y continúa más adelante : “Debo remarcar nuevamente que en caso de hacerse lugar judicialmente a los reclamos de la Provincia de Entre Ríos, esta cooperativa verá seriamente comprometida sus posibilidades de continuidad y prestación de un servicio fundamental como lo es el suministro de agua potable”. También coinciden los ediles del radicalismo diamantino, en que el destino de la Cooperativa es el de la bancarrota por eso sostienen en sus fundamentos que: “Los juicios citados en este proyecto de ley, promovidos por la Provincia de Entre Ríos contra la cooperativa de marras, de tener satisfactoria acogida en los estrados judiciales, provocarían la quiebra de la institución cooperativa y con ello la imposibilidad de prestar el servicio público que brinda, lo que ocasionaría graves daños sanitarios en la comunidad de Strobel”

El poder político de la provincia no es ajeno a la concesión del dinero.

Consultado el legislador Monge sobre el tema, sostuvo que “Hay gente que dispone - por lo menos si no lo iniciaron - que sigan adelante estos juicios. Claro, porque el poder político de la provincia no ha sido ajeno a la concesión de los subsidios, de algún ATN y yo pregunto ¿es posible que le van a rematar la sede?, ¿por qué van a seguir un juicio?, ¿la van a rematar si así lo dispone un Juez? Imaginemos si es posible que la provincia llegue a últimas instancias con éste tema. Para qué tiene abierto estos dos juicios, si lo único que hace es causar un perjuicio a la cooperativa, a todos los usuarios y a todas las autoridades de la entidad que con esfuerzo siguen adelante y además este juicio lo mantiene fuera del sistema financiero, imposibilita a la institución a acceder a un crédito, etc. Lo presentamos los primeros días de abril y esperamos contar con los votos necesarios para que esto salga adelante y se convierta en ley. Si Busti le condonó sumas millonarias a una empresa de cable de Concordia cuyo dueño era el mismo de una empresa constructora: Gualtieri. Algo así como millón y pico de pesos, que se le condonó por deber impuestos al fisco provincial y acá estamos hablando de una humilde cooperativa”(N de la R: Jorge Busti en su segunda gobernación firmó dos decretos para condonar una deuda de u$s 1.217.291,54 al empresario Victorio Américo Gualtieri, quien entonces estaba en mora con el Estado provincial al no cumplir con el pago del impuesto a los Ingresos Brutos argumentando que la empresa enfrentaba “una alta competitividad en el mercado”, cuando en realidad la firma siempre tuvo el monopolio de la televisión por cable)

RECUPERACION Y LUCHA DE LA COOPERATIVA

Juan Tránsito Blanco fue electo en asamblea de orden impuesta por el Instituto de promoción de Cooperativas el 31 de marzo de 2001, siendo aprobado por los 138 asistentes. El nombramiento de los integrantes de aquella primera comisión restauradora del orden social y económico de la Cooperativa estaba integrada por: Presidente: Juan Tránsito Blanco; Vicepresidente: Lidia Silvente; Secretaria: Alejandra Lust; Tesorero: Jorge Herdt; Vocales: Luisa Wagner – Bernardo Wagner – Aguiló. Síndico Titular: Higinio Muñoz – Comisión de apoyo: Juan Silvente, Carlos Unrein y Rubén Fontana. Esta nueva comisión fue la encargada de investigar las anomalías administrativas pagar cuentas con comercios y la AFIP e incluso de comenzar a restaurar la calidad del agua potable para sus asociados.

“Del total se invirtieron solamente 171.225,87 pesos, el resto del dinero creo que ha sido repartido proporcionalmente entre varios funcionarios, el presidente de la cooperativa y algunas otras personas. En cuanto al último subsidio, estoy seguro que fue utilizado para la campaña electoral de 1999, porque se entregó cinco días antes de las elecciones y eso es muy sugestivo. Pero lo cierto es que nunca se hizo lo que se tenía que hacer, que son las cloacas”,declaraba hace unos años atrás a éste periodista el – por entonces - Presidente de la entidad recuperada Don Tránsito Blanco.

Finalizando la historia, los cooperativos esperan que el espaldarazo que dio el proyecto MONGE, y el de comunicación de los concejales radicales (aunque al cierre de la edición pudimos constatar que no ha sido aún tratado en comisión) hagan efecto como para esperar una respuesta favorable de parte de Urribarri y Rodríguez Signes, confiado Fontana dice : “y es muy probable que nos vuelvan a llamar en base a lo conversado y en lo que se pueda elaborar de parte del Estado hacia nosotros” – agregando además que “nosotros insistimos con el concepto de que el gobierno debe direccionar las acciones legales, la demanda hacia las personas que están condenadas y no nos explicamos, y hasta asombro causó al Fiscal de Estado, que estos dos condenados con sentencia firme que son agentes de reparticiones del Estado, siguen dependiendo de los sueldos de la provincia y no se los inhabilitó para nada”

Escribió Marx en sus Manuscritos de 1844: “corrupción” una extraña palabra-concepto, que forma una especie de universo: sobornos, tráfico de influencias, extorsión, nepotismo, comisiones, blanqueo de dinero negro, ilegalidad, mafia, etc. Palabras de la misma familia, una familia que existe desde que las relaciones entre los seres humanos se basan en las relaciones de propiedad y poder. A lo largo de la historia la corrupción ha tenido muchas formas, con el capitalismo se perfeccionó (como casi todo) y el dinero se convirtió en su medio más eficaz”

Aristóteles: “la corrupción es la forma de gobernar en provecho exclusivo del grupo gobernante”

FUENTE: DIAMANTE RADIO

PROYECTO DE LEY PARA SUBASTA DE VEHICULOS SECUESTRADOS

Mediante la presentación de un proyecto de ley se pretende regular y autorizar la subasta pública de vehículos y motovehículos secuestrados en el marco de procedimientos contravencionales del Estado provincial y los municipios, originados en el ejercicio del poder de policía de tránsito y transporte.


La iniciativa de ley, presentado por el diputado Jorge Monge (UCR-Diamante),  a diferencia del proyecto con media sanción del Senado, esta  regula también la posibilidad de subasta de vehículos y motovehículos secuestrados por la Provincia en ejercicio del poder de policía en materia de transporte y tránsito, contemplando la posibilidad de que  los gobiernos locales – municipios y comunas -  adhieran  a esta ley y  judicializando las actuaciones para la subasta a través de los Juzgados de Paz a los fines de salvaguardar los derechos de los eventuales  contraventores.    
El legislador en los fundamentos manifestó  que “en la actualidad hay toda clase  de vehículos y particularmente motovehículos retenidos por infracciones que permanecen en depósito largo tiempo sin que nadie se presente  a retirarlos, creando serios problemas a las entidades estatales actuantes en lo que hace a espacios físicos y conservación adecuada de los bienes secuestrados”.
La norma propuesta, que consta de 12 artículos reglamentarios y uno de forma, prevé los procedimientos a seguir para llevar adelante las subastas, requiriendo a la Policía de Entre Ríos y a los Registros pertinentes, informes sobre la situación de los vehículos o motovehículos secuestrados a los efectos de conocer si pesan sobre ellos otras medidas de seguridad o causales de indisponibilidad y autoriza a iniciar los trámites para el remate pasados seis meses sin el que el titular o quienes se consideren con derechos sobre el bien secuestrado,  hayan procedido a reclamar su restitución, mientras que el plazo del depósito se extiende a un año  cuando no hubiera sido posible individualizar  a los propietarios. En todos los casos, previo al remate se dispone la obligatoriedad de la publicación de edictos.