FEDERAL. Ullúa pidió a Vialidad, la urgente pavimentación de la ruta número 5

El diputado provincial, Pedro Ullúa (UCR-Sauce de Luna), solicitó al titular de Vialidad Provincial, Jorge Rodríguez, la urgente pavimentación de la ruta provincial número 5 en el tramo comprendido entre la planta urbana de Federal y el predio donde se ubican el Hospital Colonia “Dr. Raúl Camino” y la Unidad Penal Nº 8.-

El pedido está contenido en una nota que el legislador le remitió al funcionario provincial en la cual le indicó que el tramo cuya pavimentación se interesa, "es transitado diariamente por empleados que concurren a prestar servicios desde la Federal a dicho predio, en una extensión de tres kilómetros, aproximadamente"

Ullúa, consideró: "La ruta en tales condiciones, es un peligro potencial ya que se pueden generar accidentes de tránsito, razón por la cual se considera que su aprobación y favorable resolución,  debiera hacerse a la mayor brevedad posible",concluyó.

Para los estatales más postergados, Rubio propone reducción de impuestos.

La Cámara de Diputados de Entre Ríos remitió a su Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, un proyecto de ley que presentó el diputado radical, Antonio Julián Rubio, por el cual se proponen modificaciones a distintos artículos del Código Fiscal, en la búsqueda de beneficiar a jubilados y pensionados y al personal que reviste en áreas de Educación, Seguridad y Salud, del Estado provincial.

En efecto, la iniciativa propicia cambios a distintos artículos que refieren a Impuesto Inmobiliario Urbano, Ingresos Brutos, Sellos y Automotor, en la búsqueda de favorecer a los sectores de menores ingresos, "como una manera de paliar la difícil situación económica por la que atraviesan", según expresó el propio legislador.

Dijo que el reciente impuestazo del gobierno provincial, "ha impactado directamente de manera negativa en el bolsillo de los asalariados y en una provincia donde lamentablemente, los sectores que deberían contar con mayores ingresos, son los más postergados, es necesario paliar la real caída de sus ingresos, generadas por las políticas recesivas que vienen aplicando tanto el gobierno nacional como el entrerriano, en desmedro de los económicamente,  más retraídos" 

En ese sentido, el proyecto de ley apunta a que, al igual que los jubilados y pensionados, se exima en un 50 % del valor del impuesto Inmobiliario a Agentes de Policía, Enfermeros y sus auxiliares y Maestros Iniciales de grado.

En el caso de Ingresos Brutos, las modificaciones incluyen a los mismos sectores activos y a los pasivos para que se le devuelva el 50% en su cuenta Ingresos, cuando adquieran productos de la canasta familiar contra pago por medio de tarjeta de débito de esa cuenta de sueldos.

OTROS CAMBIOS. Asimismo se proponen cambios el texto del artículo 237 del Código Fiscal referido al impuesto al Sello, y en torno al Impuesto Automotor ya que la iniciativa apunta a una reducción del 50% para losvehículos propiedad de Jubilados, Pensionados; y del personal en actividad con títulos y/o nombramientos de Agentes de Polícia, Enfermeros y sus auxiliares y Maestros Iniciales de grado”.

El proyecto de ley, tiene también las firmas de los diputados radicales, Agustín Federik, Felicitas Rodríguez, Fuadi Sosa y Pedro Ullúa.

FUNDAMENTOS. Al fundamentar su iniciativa el diputado Rubio, hizo referencia a los textos constitucionales, nacional y provincial, en cuanto a el otorgamiento de beneficios de la seguridad y al resguardo de la Tercera Edad de los Ciudadanos; resaltando el valor social de los servicios públicos indispensables de salud, educación y seguridad de bienes y personas. 

Más adelante, Rubio, consideró: "En razón de ello resulta reñido que el Estado cargue con igual carga impositiva sobre los ingresos familiares de los Jubilados, Pensionados; y el personal en actividad con títulos y/o nombramientos de Agentes de Policía, Enfermeras (y sus auxiliares) y Maestros Iniciales de grado; y omita estímulos sobre aquellos que luego deberá asistir con políticas económicas directas".

Preocupa la existencia de escuchas telefónicas a sectores de la justicia.

El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical, expresó la preocupación de sus integrantes ante la posible existencia de escuchas telefónicas a profesionales de la justicia, de acuerdo a la denuncia que fue formulada en ese sentido ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

En ese marco, fue presentado en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un pedido de Informes al poder Ejecutivo, para saber si tomó conocimiento, de la presentación efectuada por ante el Superior tribunal de Justicia de Entre Ríos, por un grupo de abogados penalistas, integrantes del Instituto de Derecho Penal Procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos, en donde informan sobre la fuerte sospecha, que se estarían realizando interferencias telefónicas en su perjuicio, en una clara violación al derecho a la privacidad y al secreto a las comunicaciones, reconocido por nuestra Constitución Nacional, Provincial y Tratados Internacionales.

Los diputados, Agustín Federik, Felicitas Rodríguez, Fuadi Sosa, Antonio Julián Rubio, Pedro Ullúa y Jorge Monge, apuntaron que de ser así, "se estaría avasallando y agraviando el derecho que tienen los abogados, en general del libre ejercicio de su profesión, el principio constitucional de defensa en juicio y el derecho a la privacidad, es decir, ese derecho individual a no sufrir intromisiones en la intimidad por parte del Estado, reconocido no solo en nuestra Constitución Nacional y Provincial sino también, internacionalmente en diversos documentos".

Finalmente los legisladores del radicalismo requieren conocer  del poder Ejecutivo, "que medida realizó por intermedio del Ministerio de gobierno y/o organismo para investigar o en su caso aclarar la grave denuncia, hoy publicada en diversos medios periodísticos de nuestra provincia, efectuada por los profesionales integrantes penalistas, integrantes del Instituto de Derecho Penal procesal Penal y Criminología del Colegio de Abogados de Entre Ríos mencionada en el inciso precedente"  .

También piden que se informe "si el poder ejecutivo y/o algún otro organismo provincial, recibió algún tipo de pedido de informe o medida judicial, remitida por el Poder Judicial de nuestra provincia y que en su caso remita a esta Honorable Cámara los antecedentes de los mismos".

Beneplácito por la absolución en el caso del Fokker Tango 04: Diputados piden al gobierno que termine de perseguir a ex funcionarios radicales .

Los legisladores del principal partido opositor de Entre Ríos le sugirieron al gobernador que mire a su entorno y encontrará a quienes apuntar sus demandas por corrupción.

El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, expresó el beneplácito de sus miembros por el fallo de la jueza, Gabriela Sione, por el que desestimó la demanda de la provincia a los herederos del ex gobernador, Sergio Montiel y al ex ministro de Gobierno, Enrique Carbó en torno a la compra del avión Fokker Tango 04.

"Como real y concretamente debe ser, no es este el primer fallo absolutorio de funcionarios de la última gestión radical. Cada revés que han sufrido las absurdas denuncias de los gobiernos peronistas, no hace más que reafirmar que las gestiones radicales, han sido una demostración de que se puede gobernar con capacidad, honestidad y transparencia", indicaron en un documento.

También el bloque de Diputados radicales precisó que estuvo presente "en todas las oportunidades acompañando a familiares y a radicales perseguidos, los cuales fueron absueltos por sentencias penales cuando fueron objeto de aventuras jurídicas persecutorias sin ningún tipo de fundamento, como queda demostrado en este caso", apuntaron.

Finalmente consideraron: "Es tiempo que el gobierno provincial termine con las persecuciones judiciales a los radicales y empiece a mirar su propio ombligo. Si tanto le preocupa al gobernador y a su fiscal de Estado el cuidado del erario provincial, seguramente encontrarán en sus propios entornos, los objetivos a los cuales apuntar sus demandas en defensa de los dineros públicos y de la provincia". 

El diputado Rubio pidió por el asfaltado del camino a Puerto Ruiz

El diputado provincial, Antonio Julián Rubio, reclamó al gobierno provincial, la pronta ejecución de la obra de asfaltado de la ruta 136, camino de ripio, que une a la ciudad de Gualeguay con la localidad de Puerto Ruiz en una extensión aproximada a los 8 kilómetros en el sur entrerriano.

El legislador indicó que la obra "fue una de las promesas de campaña que esgrimió en esta parte de la provincia, el gobernador, (Sergio) Urribarri y no queremos que sea otro de los tantos anuncios que quedaron nada más que en eso, como una manera de captación de votos de los ciudadanos".

Dijo que asfaltar ese camino, "significará un fuerte espaldarazo para el sector productivo y para el desarrollo turístico del lugar, por la importancia que reviste Puerto Ruiz en estos dos aspectos, además de otras cuestiones relevantes que hacen a la vida propia de los habitantes de la localidad y de parajes lindantes, como son la atención de la salud y de la educación"

PRESUPUESTO. El legislador radical formuló este reclamo en el marco de un Pedido de informe que presentó en la Cámara de Diputados de Entre Ríos en el cual requiere saber del gobierno provincial si tiene previsto en el presente año, dar inicio a la construcción de la nueva cinta asfáltica requerida.

Rubio indicó que en el presupuesto provincial no se han previsto los fondos necesarios para la obra de allí que también solicitó conocer cuáles serían los recursos que permitirían su financiamiento de existir la decisión concreta de llevarla adelante.

La localidad de Puerto Ruiz, otrora salida de la producción de la zona a partir del funcionamiento del ferrocarril Primer Entrerriano que la unió con Gualeguay, es la cuna de nacimiento del reconocido poeta, Juan Laurentino Ortiz y es uno de los sitios preferidos de quienes desarrollan la actividad pesquera.

Piden que la Policía controle los animales sueltos en ruta

Para ello proponen crear una División especial dentro de la fuerza.  Además del control de vacunos y animales silvestres, deberá trabajar sobre la concientización de propietarios y conductores. Un texto con media sanción está parado en el Senado.

Un proyecto de ley en la Cámara Baja propone crear, en el ámbito de la Jefatura de Policía de la Provincia de Entre Ríos, la División Animales Sueltos en Rutas y Caminos, que dependerá  orgánicamente de la Dirección de Operaciones y Seguridad. Asimismo, piden crear en el ámbito de las Jefaturas Departamentales de Policía de la Provincia de Entre Ríos, la División Animales Sueltos en Rutas y Caminos, dependiente de la Jefatura Departamental respectiva.

La iniciativa es impulsada por Jorge Monge (UCR-Diamante) y acompañada por sus pares de bancada Julián Rubio (Gualeguay), Felicitas Rodríguez (Concepción del Uruguay), Agustín Federik (Paraná), Fuad Sosa (Nogoyá), Pedro Ullúa (Sauce de Luna). La iniciativa, según argumentaron los legisladores, pretende “contribuir a la lucha por disminuir los accidentes de tránsito ocasionados por la presencia de animales sueltos en rutas y caminos” provinciales, y el crear esta División especial “implica reconocer la jerarquía que el problema representa para la sociedad, con sus secuelas a nivel humano, sanitario, económico, productivo e incluso ambiental”. 

La División tendrá por misión “prevenir la aparición de animales grandes, principalmente ganado vacuno y equino, aunque no sólo estos son fuente generadora de riesgos, por lo que deberá velar porque las rutas y caminos se encuentren despejadas de la presencia de mascotas o animales domésticos que por negligencia de sus dueños se escapan a los caminos (situaciones que se presentan más asiduamente en épocas de vacaciones o fines de semana largos) y de la presencia de animales silvestres, los que posiblemente den lugar a daños menores, pero también pueden ser desencadenantes de vuelcos , entre otras situaciones que pueden derivar en tragedias”, explica el proyecto de ley. Y, además, trabajará en “actividades de concientización tanto sobre propietarios linderos a rutas y caminos, como sobre los propios conductores que transitan sobre los mismos brindando pautas y recomendaciones que tiendan a evitar colisiones o en caso de verificarse que éstas sean más leves”.

Cabe remarcar que en la anterior composición de la Cámara el radicalismo ya había impulsado una iniciativa sobre esta problemática, de la mano de Jaime Benedetti (Gualeguaychú). El texto es uno de los varios proyectos con media sanción de Diputados que quedó paralizado en el Senado provincial. 

El texto establecía una multa para el dueño de los animales sueltos “en los caminos, calzadas, autopistas, semiautopistas, vías multicarriles, banquinas, zonas de camino y zonas de seguridad, definidos en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449, sometidos a la jurisdicción provincial, y en iguales sitios pero de jurisdicción municipal que no posean disposiciones similares tendientes a reprimir la presencia de animales sueltos en los mismos”. Se impondría arresto de 30 días a la persona en caso de que los animales “hubieren provocado lesiones graves, gravísimas o la muerte de alguna persona”.  También dispone la creación del “Registro de Infractores” a la ley, “el que será ordenado y llevado por la autoridad de aplicación y organizado con las formalidades registrales de práctica. En dicho Registro se tomará razón de cada una de las infracciones cometidas, número de animales secuestrados a cada propietario y demás antecedentes. El Registro será público para quien acredite interés legítimo en su consulta”, según dice el texto.

En la iniciativa, el ex legislador proponía darle herramientas al Estado para que vigile y sancione el incumplimiento del deber de propietarios y arrendatarios, que queda establecido, de cuidar los cercos y alambrados, así como el de sancionar la falta de cuidado incluso con arresto, cuando se producen algunas consecuencias dañosas. Por otro lado, y este es el mayor cambio, quedaría establecida la responsabilidad patrimonial subsidiaria del Estado por la “falta de servicio” cuando se produzcan este tipo de accidentes. En el texto, además, se propone convertir en ley el actual decreto que autoriza a la Policía capturar animales que estén sueltos.